Si alguno de ustedes ha tenido acceso a los documentos visuales o audiovisuales del informe de la “Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, entenderá lo cruenta que fue la guerra que el Perú libró a lo largo de dos décadas con grupos terroristas como “Sendero Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” (MRTA) responsables de la muerte de 69,280 personas entre los años 1980 y 2000; y, asimismo, con el narcotráfico que, desde inicios de la década setentera, fue pujando decididamente por afincarse en las cejas de selva, casi inaccesibles, de nuestro territorio nacional, bajo la égida y la complicidad sorda de algunos detractores de la nación. La seguridad Pública Nacional, entonces, se ha visto amenazada por ambos agentes y, a juzgar, en algún momento, estuvo en grave riesgo a raíz de la misma lucha antisubversiva que limitó los derechos y garantías de los ciudadanos.
Pero, estos flancos de nuestra guerra interna no sólo nos muestran un trasfondo social (de lucha de clases y miseria económica) sino, también, uno político (por la falta de capacidad y decisión de nuestros gobernantes para hacerles frente) De hecho, existió también hasta hace un tiempo un gran descontento de las clases más pobres por lo exigua de la cartera de oportunidades que el Estado a través de sus políticas ofrecía al ciudadano, y la manifiesta desidia o poca voluntad de éste para resolver a mediano plazo la gran incertidumbre en la que nos había sumido el terrorismo en base, fundamentalmente, al miedo, producto de la inserción de los coches bomba en las ciudades y la matanza de campesinos reacios a acatar las órdenes de los subversivos, en la sierra; el problema empero también estaba con relación a la corrupción de los funcionarios públicos y autoridades que ejercían el poder político; es decir, todo ello se desarrollaba en un medio carente de valores y principios humanos que sólo en teoría habrían de esbozar la convivencia entre todos nosotros, postores de un contrato social.
Sin embargo, como la antítesis de la síntesis, a un poco más de quince años de los episodios más escabrosos de nuestra vida republicana, las condiciones de vida más humanas se imponen, y el pueblo encuentra nuevos medios y subsidios para aplacar sus necesidades de consumo y solaz. En la actualidad no es que vivamos la “Ciudad de Dios”, toda vez que en nuestras calles aún impera el crimen organizado, cuyas acciones van desde el asalto a entidades crediticias, la extorsión, el secuestro, pasando por los delitos electrónicos hasta la pedofilia y el tráfico de personas y órganos humanos; y, asimismo, vemos como el rebrote de “Sendero Luminoso”, con ‘José’ y ‘Alipio’ en el VRAE y ‘Artemio’ en el Alto Huallaga, eclipsa las directrices dictadas por el gobierno de turno para contrarrestar las acciones de este grupo terrorista que sólo en el año pasado ha cobrado la vida de cincuenta y dos personas, entre militares y civiles. De manera que nuestra seguridad pública todavía es de cuidado frente a los rezagos del terrorismo que, si bien ya no operan en las ciudades, desarrolla sus actividades de forma aislada en el campo, y si bien la célula subversiva ya no está subsidiada por organismos internacionales y países no alineados con el capitalismo, se sostiene gracias al narcotráfico que es una de las actividades ilícitas de mayor repudio social en toda la región.
Es menester, pues, contar con un programa legislativo acorde a lo que está aconteciendo, lo cual implica hacer un estudio riguroso de la realidad delincuencial y de su impacto en la sociedad urbanizada y en las regiones de sierra y selva, según sea el caso, para, finalmente, desarrollar leyes de fuste a través de las cuales veamos soluciones concretas a mediano y corto plazo, y, asimismo, llevar las normas estatuidas a su aplicación orgánica (como, por ejemplo, llevar a la praxis el nuevo Código Procesal Penal que sigue en vacatio legis) aprobando las planillas presupuestales para tal o cual dependencia estatal que deberá conocer del trámite de los delitos, y organizativamente ponerlas en práctica a todos ellas.
Lo ocurrido en la zona del VRAE y en el Alto Huallaga son ejemplos claros de desgobierno e indecisión política, en razón que los recursos destinados por el Estado a las entidades públicas en estas circunscripciones son deficitarios, de modo que las garantías que éste pueda brindar a los ciudadanos y funcionarios también son ínfimas. Me pregunto qué óbice existe para los agentes gubernamentales en la comprensión que las zonas y ciudades al interior, abandonadas como se encuentran muchas veces, desencadenan problemas de seguridad pública y de vulneración al principio de autoridad, corruptela administrativa y crímenes contra la sociedad y el medio ambiente. Pues, a decir, no hay en la mayoría de los casos efectivos policiales ni recursos logísticos, necesarios, para hacer frente a la criminalidad en las áreas ya descritas.
Otra zona vulnerable es la frontera nororiental en el departamento de Loreto, donde la lucha contra el narcotráfico viene siendo ardua y los operadores jurídicos vienen denodadamente cumpliendo con su labor. Pues, a este tiempo se ha convertido en un botín para los agentes del narcotráfico que no solamente se pelean por la hegemonía de la misma, tiñéndola de sangre la mayoría de veces, sino que confluyen en ella grupos paramilitares (cuyo origen todavía es incierto y se desconoce) pero se tiene conocimiento que extorsionan a los dueños de las fincas con cultivos de coca y coaccionan a los profesores y moradores de algunas comunidades que representan un peligro para los intereses que persiguen.
Entonces, una decidida política de fronteras vivas en esta parte de la selva donde se yergan recursos suficientes para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, se desvela como respuesta a tal coyuntura; y no me refiero a la llevada a cabo por los integrantes del movimiento “Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto universal” (AEMINPU) que desde los años noventa han poblado los territorios más agrestes de la selva peruana, incluida la zona de la frontera nororiental, y a duras penas han construido en sus ciudades modelos de organización social, u a la incursión de otros organismos privados en la búsqueda del petróleo, sino a una que parta del mismo estado central con el respaldo que sólo éste nos puede dar con las fuerzas armadas, indispensables a lo largo del cinturón fronterizo nororiental, y poder así promover un clima de desarrollo integral, de conexión comercial con los países vecinos, limítrofes. Preguntémonos una y otra vez: ¿Quién no optaría por trabajar en la selva o al margen de sus fronteras, si no se crearan polos comerciales, ciudades con módulos de vivienda para efectivos de la Policía Nacional y demás funcionarios públicos que, mediante créditos y préstamos a largo plazo, puedan acceder a la propiedad de los mismos, o, en el mejor de los casos, iniciar un proyecto de vida junto a sus familias, siendo beneficiarios de los servicios básicos de agua y desagüe, de salud, educación y demás, suntuarios, que a la fecha se carece? Claro, necesitamos de estos factores que son decisivos para construir el estado de derecho en esta parte del Perú. Pues, las fronteras vivas de por sí importan una barrera invencible para los agentes de la criminalidad internacional.
Por otro lado, en aras de encontrar soluciones a estos problemas que nos aquejan, es imperioso que el Estado ponga en marcha un reforzado aparato de inteligencia y desplegar acciones y operaciones tendientes a acabar con las acciones de los terroristas y sus principales mecenas, los narcotraficantes. Ana María Salazar, por ejemplo, en su trabajo “Seguridad Nacional”, el reto de las democracias, hace una radiografía del movimiento de estas dos células delictivas en México y Colombia, en los últimos años. Es interesante comprobar a través de dicho estudio que los móviles de estos movimientos son los mismos en los de sus similares en el Perú: el narcotráfico persigue siempre la obtención de más ganancias, el rédito de una buena venta de mercancía, por su lado el terrorismo busca la ideologización de la sociedad. Y sus métodos de actuación tampoco distan de ser incomparables. Los carteles mexicanos, colombianos o sus homónimos peruanos, están constituidos por verdaderas familias, pertenecen a círculos cerrados donde es casi imposible penetrar o infiltrar agentes de narcóticos. Aunque en la actualidad en el Perú las acciones del narcotráfico que precisamente están relacionadas con los carteles colombianos, se han desligado al punto que cada etapa en la producción de cocaína (desde la cosecha, la compra de insumos, hasta el estadio del procesamiento químico, transporte y lavado de activos) tiene un jefe o encargado, específico, haciendo más dificultosa la labor de inteligencia por parte de los agentes especializados de la policía nacional, pero, sin embargo, han constituido la principal causa de su debilitamiento, permitiendo que la mafia mexicana un poco más cuidadosa con dicha estratagema se haga más fuerte.
Abría también que pensar en algunos referentes y encontrar paralelismos de estudio criminológico, técnicas de otros departamentos universalmente conocidos de lucha contra el crimen, como por ejemplo el FBI o la ‘Scotland Yard’, inglesa, cuyas directrices son verdaderos ejemplos de seguridad pública. Aunque, dicho cuerpo policiaco que el mismo escritor Charles Dickens llevó a la fama a través del inspector Bucket, en su novela: “La Casa Desolada”, en la actualidad no deja de tener un rol nada convincente al enfrentar a un peculiar terrorismo internacional que se ensaña con la población civil, empleando maniobras audaces con la participación de kamikazes modernos en sus acciones, quienes para cumplir con sus objetivos se inmolan, entregando su propia vida. El fundamentalismo religioso islámico en la mayoría de estas agrupaciones terroristas, es la principal arma con la que estas asumen su llamada guerra santa o ‘yihad’.
Empero, con relación a los tipos de organizaciones ilícitas en nuestra región, debemos de tener cuidado en cómo se vienen conformando y qué tipo de personas las integran. Pues, tanto en países como México, Colombia y Perú los integrantes de estas células tienen una formación cultural importante, no son los simples delincuentes con verduguillo en mano, como tampoco abrigan una teoría religiosa fundamentalista, que altera la concepción de la realidad objetiva, como es el caso de un yihadista; no, vienen de círculos más o menos pudientes, de manera que entre ellos podemos encontrar universitarios, académicos, ex militares y ex policías, en razón que los móviles que poseen, como bien refiere la autora ya citada con anterioridad, están con relación a asesinatos, trata de personas, secuestros y narcotráfico. En fin, los delitos que se atribuyen a estas organizaciones requieren cierta premeditación y habilidad mental. Pues, estos no delinquen para satisfacer necesidades básicas como alimentación o vestido, acometen ilícitos porque han realizado un estudio económico de costo y beneficio en tal o cual actividad y, así, ven la posibilidad de dejar una vida llena de carencias; visto como un buen negocio, el delinquir llama a sus canteras a más de uno ya que arguye el inicio de una vida de lujos y excesos.
Por lo mismo, y saludando la actuación y perspicacia del Estado, en aras de salvaguardar en orden interno en el país, el veintidós de julio de 2007 se ha puesto en vigencia el Decreto Legislativo N° 682, que fuera aprobado por Decreto Legislativo 635, encaminados a combatir el crimen organizado y endurecer la sanción en tipos penales como el secuestro, trata de personas, narcotráfico, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, disturbios, atentado contra la soberanía nacional, provocación pública a la desobediencia militar, rebelión, genocidio, intermediación onerosa de órganos y tejidos, etc.
El terrorismo, como dejamos sentado, persigue adoctrinar a la población, y en el país aquello puede ser combatido frontalmente y con un plan programado, toda vez que los operativos de los subversivos carecen de improvisación táctica, distintos a los de sus homólogos islamitas. Por otro lado, ya que el rigor de las observaciones en este campo así lo determina, es menester traer a colación la lucha geopolítica en la región, que está dividida en social nacionalistas por un lado (Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Paraguay y Venezuela) y liberales, por otro (donde conjugan el resto de los países de habla hispana, incluyendo Brasil y Chile de corte socialista) y lleva consigo el germen de la anarquía en los estados americanos toda vez que existe un líder venezolano que enarbola la causa estatista, trasgrede las libertades de los individuos y al parecer conspira contra los estados constitucionales de América latina. No es un secreto que en Lima las llamadas Casas del Alba, implementadas por una ONG extranjera, tengan como finalidad la ideologización de la población todavía secuestrada por la necesidad económica y descontenta de un sistema de gobierno de corte liberal. El Estado a través de la policía necesita aguzar sus sentidos y poner un alto si aquello apenas amenaza o vulnera el orden interno, nacional.
Antes los grupos terroristas en todo el orbe venían hacer subvencionados por países de tal o cual bandera política, dentro del marco de la guerra fría suscitada después de la segunda guerra mundial. Ahora estos grupos, como referimos al respecto de nuestra región, son abastecidos por organizaciones ligadas al narcotráfico, y en estos últimos tiempos se sabe, por ejemplo (aunque todavía de manera extra oficial) que las FARC de tránsito por territorio ecuatoriano, apelando a la primer fórmula de asistencia internacional ya descrita, vienen siendo avaladas por el mismo Hugo Chávez; lo cual generaría, si se llegara a desvelarse sus nexos, una fricción sin precedentes en la región, afectando el orden interno de muchos países vecinos, en razón que las posiciones de izquierda y derecha, de socialismo y liberalismo económico, en cada uno de ellos, están reñidos, y siempre acecha la disposición del líder chavista para causar desequilibrio social y político, quien, como se sabe, haciendo alarde de un discurso antiimperialista ha medrado en el poder del estado de la república de Venezuela, al extremo de parecer como un megalómano concupiscente ante los ojos de todos los latinoamericanos que buscamos la paz y el desarrollo, imponiendo en su país un sistema autoritario que amenaza las libertades ganadas y creyendo que el dinero del petróleo le sirve de título honorífico para inmiscuirse en los asuntos de gobierno de las demás naciones vecinas, incluidas el Perú; permitiéndose, incluso, dar clases de política de estado a los regímenes democráticos.
La diplomacia peruana a lo largo de nuestra vida republicana a dado muestras de un pasivismo rayano con la negligencia, sólo comparable con la de raigambre gubernamental, y eso, desde mi punto de vista, en el caso que nos veamos inmersos en una conflagración limítrofe, nos hace predecibles a terminar con victorias pírricas, y, asimismo, con el enquistamiento y proliferación de organizaciones delictivas extrapoladas o injertadas por los enemigos de nuestro sistema de gobierno; empero en esta coyuntura no debemos dejar que las cosas que representan un peligro para nuestra seguridad interna prosperen como la hoja de diente de león que cubre y asfixia la hierba a campo traviesa, debemos aplicar las directrices correctivas sin demora y en la justa medida, pues tenemos igual experiencia en la guerra antisubversiva oficial y la que vino infaustamente de grupos paramilitares: El grupo Colina, a ciencia cierta, aplicando la guerra de baja intensidad, trasvasó la legalidad y acometió en su asonada lucha contra el terrorismo los peores asesinatos.
Así, en nombre del estado de derecho, las acciones que propenden a vulnerar el derecho de terceros, tomando como justificación una lucha contra el crimen organizado o contra cualquier organismo capaz de accionar violencia en contra de la sociedad, es una afrenta que debemos de guardar, a fin de no volver a usar el Estado como ente represivo fascista, trasgresor de los derechos humanos. “Con ello los gobiernos pierden credibilidad” como bien apunta Ana María Salazar. Al decir, de esta analista, Vicente Fox, en México, frente al problema que le suscitó el ejército zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó las negociaciones con dicho grupo guerrillero separatista, como un asunto político, sin mayores consecuencias o costos sociales, al aplicar sólo estrategias de seguridad pública. Sin embargo en México no sólo existe el EZLN, se calcula que hay entre quince y ochenta un grupos armados clandestinos. La diferencia principal entre todos estos y las FARC o los rezagos de Sendero Luminoso, es que no reciben el auspicio millonario del narcotráfico, lo que explica los acontecimientos últimos en México donde se ha desatado una lucha entre carteles por la supremacía y el control del mercado de la droga.
Escribe: Juan Fernando Bravo Reátegui
Promoción Colegio San Agustin 1987 - Iquitos - Perú
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